As razóns de Catalunya

Catalunya era un país con poucos independentistas até xuño do 2010, cando o Tribunal Constitucional (TC) desfixo o novo Estatut que aprobara o pobo catalán en referéndum no 2006, dando por pechada toda solución á cuestión catalá dende o autonomismo. Asistimos en meses á conversión en indepes de sexaxenarios cidadáns federalistas votantes do PSC e de mozos barceloneses castelanfalantes fillos da inmigración murciana e andaluza. En setembro de 2012 o president Artur Mas tentou de Rajoy un pacto fiscal para acadar un concerto económico semellante ao de Euskadi e Navarra, mais Rajoy rexeitou a proposta por inconstitucional.
Dende entón -e máis dende a Diada do 11-S do 2012-, arredor da Assemblea Nacional Catalana e de Òmnium Cultural foise estruturando unha potente organización transversal e interclasista para lle dar canle á autodeterminación de Catalunya. En Madrid e outros lugares do Estado adoitan pensar que o pulo soberanista naceu do xogo politico de CDC (hoxe PdeCAT), ERC e CUP, mais o movemento soberanista trascende moito dos partidos nacionalistas, das elites e dos catalanfalantes. É un movemento social que integra toda caste de cidadáns de Catalunya.
Os Gobernos da Generalitat tentaron abondo pactar co Goberno do Estado un referéndum para que Catalunya fixese uso do dereito a decidir que deriva da conxunta interpretación do Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos (1966) da ONU, do artigo 96 da Constitución e da doutrina emanada da Sociedade de Nacións (antecedente da ONU) ao recoñecer determinadas nacións europeas sen Estado (como fixo coa nosa Galicia en setembro de 1933). Un dereito a decidir que máis do 70% da cidadanía catalá quere concretar nun plebiscito.
Velaí que, pechadas todas as vías de consenso, o Parlament catalán, seguindo o mandato das eleccións autonómicas de setembro de 2015, vaia aprobar esta semana a Lei do referéndum, que dará cobertura normativa ao Decreto do Govern convocando o vindeiro plebiscito do 1 de outubro. O TC suspenderá esa cobertura normativa e constataremos o confronto entre a normativa constitucional española e a emanada do mandato cidadá catalán de setembro de 2015.
Confronto de lexitimidades que non se amaña con Tribunais nin moito menos coa Garda Civil ou os tanques. E Rajoy sábeo.

El juicio político a Mas alimenta la voluntad de millones de catalanes de decidir su futuro

Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Catalunya, y dos de sus antiguas conselleras, se enfrentan a un juicio político desde un respaldo popular que este lunes ha sido protagonista internacional. El llamado procés gana densidad cuando se abre el tiempo crucial para su definición: el de la aprobación de la legislación transitoria que permita convocar un referéndum desde una legalidad catalana que se oponga a la legislación española. Sí, el previsto choque de trenes.
Este lunes se abrió ante el Tribunal Superior de Justicia catalán el juicio contra el antiguo President Artur Mas (2010-16), su antigua Vicepresidenta Joana Ortega y su antigua consellera (ministra) de Educación, Irene Rigau. Se les acusa de delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional español y de prevaricación (es decir, adoptar una resolución ejecutiva groseramente contraria a la Ley siendo plenamente consciente de dicha ilegalidad) por los que se piden diez años de inhabilitación absoluta para cargos políticos a Artur Mas y nueve a cada una de sus antiguas colaboradoras.
Los independentistas llegaron al Tribunal respaldados por más de 40.000 manifestantes en lunes laborable, en el transcurso de un acto cuidadosamente planificado para causar positiva impresión en el resto del mundo. Objetivo que parece que ha sido cumplido, ya que muchos medios internacionales destacan en sus primeros análisis y, sobre todo, en sus testimonios gráficos la reactivación del llamado procés soberanista. Como dice a Mundiario un diputado independentista catalán en el Congreso de Madrid, “ninguna gasolina mejor para el procès que un juicio político.”

Una consulta no vinculante
Los hechos se remontan al domingo 9 de noviembre de 2014, cuando se celebró en Catalunya una consulta popular. La Constitución española reserva el derecho para celebrar plebiscitos vinculantes al Gobierno central, pero el Parlament catalán tiene competencias para convocar consultas no vinculantes, al amparo del Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el acto ejecutivo de la Generalitat convocando una doble consulta no vinculante a la ciudadanía catalana (si querían que Catalunya fuese un Estado y, caso afirmativo, si querían que fuese un Estado independiente) fue suspendido por el Tribunal Constitucional el miércoles 4 de noviembre, cinco días antes de la consulta.
Artur Mas y los demás portavoces de aquel Gobierno catalán recuerdan que desde esa suspensión las Instituciones quedaron al margen y que las urnas de aquel domingo fueron gestionadas por ciudadanos voluntarios. Votaron sí a las dos preguntas más del 80% de los casi 2.350.000 ciudadanos participantes, sobre un censo electoral de 5,4 millones (43,5%, participación estimable para una consulta no vinculante que, además, había perdido su carácter oficial).

Responsabilidad penal harto dudosa
Aunque los medios madrileños coinciden en señalar que las conductas enjuiciadas resultan probadas y acreedoras de sentencia condenatoria, para un observador jurídico imparcial existen muy serias dudas jurídicas respecto de las conductas que se van a enjuiciar esta semana. La consulta catalana se celebró el domingo 9 de noviembre de 2014. Pero el 17 de noviembre la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya, por unanimidad de sus nueve miembros, acordaban no ejercitar acción penal alguna contra Mas y sus consellers. Por una parte, consideraban que ni Mas ni ninguno de sus consellers podrían haber cometido prevaricación, ya que la consulta no se había convocado mediante una resolución ejecutiva. Por otra parte, en cuanto a la desobediencia, entendían los fiscales catalanes que no se había dado al no habérsele notificado a órgano alguno de la Generalitat ningún requerimiento formal y expreso del Tribunal Constitucional imponiendo una conducta concreta en relación con la consulta del 9-N, apercibiendo de las consecuencias de su incumplimiento.
Ante esta firme actitud de la Fiscalía catalana fue el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ordenó interponer desde Madrid la correspondiente querella criminal contra Artur Mas y sus colaboradores, a pesar de que había manifestado en principio que asumiría la opinión jurídica, en cuanto a dicha acción penal, acordada desde la Fiscalía Superior de Catalunya.
La estrategia de defensa de Artur Mas y de sus antiguas conselleras acentúa la idea de que la consulta no era oficial, ya que a su primigenio carácter consultivo y no vinculante se unió, desde la decisión del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre, su carácter no oficial y su efectiva realización mediante voluntarios y no mediante recursos públicos. El relato de la inocuidad de la consulta fue promocionado por el propio Presidente del Gobierno central español, Mariano Rajoy, el cual manifestó el 12-N que la consulta “era un acto de propaganda”, al tiempo que se felicitaba porque “no había habido referéndum”. Sin duda un buen clavo para remachar esta línea de defensa de Artur Mas y sus conselleras. Por eso las defensas de los enjuiciados han pedido su testimonio, que ha sido rechazado por el Tribunal en una decisión probablemente inconstitucional que acentúa las dudas de muchos catalanes sobre la imparcialidad del Tribunal.

Gasolina para el procès
En cualquier caso, para millones de catalanes y para millones de observadores internacionales, los independentistas están siendo juzgados por intentar lo que quieren casi el 80% de los ciudadanos catalanes: poder decidir sobre su futuro. Ello quiere decir que este juicio constituye un significativo refuerzo para la moral del denominado procés, en parte dañada por la excesiva duración de dicho proceso.
Coincide el juicio con el pacto presupuestario entre las dos fuerzas electorales independentistas: la gubernamental Junts pel Sí (coalición formada por los centristas de la antigua Convergência -hoy PdeCat-, Esquerra Republicana de Catalunya -ERC- e independientes) y los antisistema de la Candidatura de Unitat Popular (CUP). Un pacto que garantiza la estabilidad del Govern y es antesala ante la aprobación en primavera de la llamada “Ley de transitoriedad jurídica”, aquella que permitirá convocar para el próximo septiembre referéndum vinculante y confrontar contra la legalidad española desde una legalidad catalana de transición.
La manifestación popular de hoy y el pacto presupuestario demuestran que la agenda hacia la legislación de transición y el referéndum tiene bases sólidas, con independencia de cual pueda ser la reacción del Gobierno central español.

Madrid irá al choque de trenes
Pero si el bloque independentista se rearma de razones éticas, jurídicas y políticas, el rechazo inmovilista del Gobierno central conservador (y de la actual dirección provisional socialista) a toda negociación real y a toda consulta ciudadana augura un choque de trenes. Madrid ha cancelado incluso su non nata predisposición mediática al diálogo con la Generalitat, manifestada urbi et orbe por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y nunca trasladada al terreno de las propuestas concretas negro sobre blanco.
En el ámbito internacional los resultados obtenidos hasta ahora por el independentismo institucional catalán han sido modestos. Los Gobiernos de la UE no quieren oir de secesiones con el Brexit o Le Pen sobre la mesa. Pero la reciente conferencia del president Puigdemont ha demostrado el apoyo no sólo de los ecologistas y nacionalistas de la European Free Alliance, sino la comprensión de muchos diputados socialdemócratas, conservadores y liberal-demócratas, singularmente en las repúblicas bálticas y escandinavas, Flandes y otros pequeños países europeos.
Quiere esto decir que, en el contexto europeo, España no podrá tratar el llamado procés como una cuestión de orden público o de pura legalidad. La seducción de la democracia es de largo recorrido y el denominado procés catalán, con sus incoherencias y contradicciones, responde al principio democrático. Contra el argumento de querer decidir tu propio futuro hay muy pocas consideraciones políticas, éticas o jurídicas que Madrid pueda oponer en un horizonte sostenido de contraposición de ideas.

A diez días del referéndum británico, el Brexit no parece imposible

La sombra del Brexit pende sobre el Eurochannel. Los partidarios del Brexit parecen movilizar transversalmente variados sectores de la población. Haciendo del control de fronteras el eje del debate del referéndum, los euroescépticos demuestran una movilización que parece no existir en las filas de los partidarios de la Unión Europea.

Faltan pocos días para el jueves 23, cuando el electorado británico decida sobre la salida de la UE (exit, conocida como Brexit) del Reino Unido o su permanencia (remain). Nuevamente, en menos de dos años, el premier tory David Cameron cumple una promesa electoral en forma plebiscitaria que puede determinar el fin de su carrera política, como ya le ocurrió en septiembre de 2014 con el referéndum escocés de independencia.

En esta ocasión, Cameron no es mayoritario en el amplio mundo de la derecha. Por una parte, la extrema derecha de la UKIP de Nigel Farage es abiertamente partidaria de la salida británica, pero también lo es el ex alcalde londinense Boris Johnson, la mitad del grupo parlamentario conservador y varios ministros del cabinet de Mr Cameron. El Brexit parece mayoritario en el electorado mayor y también parece contar con una fidelidad acusada. Movilizarán a tope sus simpatizantes.

Esta participación parece más dudosa en el ámbito de los partidarios del remain en la UE. Éstos cuentan con el partido laborista (si bien su líder, el izquierdista Jeremy Corbyn, no se ha mostrado muy entusiasta), salvo un minúsculo sector refractario, con los lib dem, los verdes, la inmensa mayoría sindical de las Trade Unions (con la excepción de los panaderos y algunos transportistas) y con los nacionalistas escoceses del SNP, galeses del Plaid Cymru y norirlandeses del Sinn Féin.

Claro es que la clave del remain escocés o galés está vinculada a una vocación de soberanía nacional, pero dentro de la Unión Europea. Una corriente de soberanismo europeísta que conecta con el que defienden en Catalunya Esquerra Republicana o Convergència y el PNV en Euskadi (e incluso EA dentro de EH-Bildu). Para los nacionalistas escoceses y galeses la Unión Europea es el marco en el que quieren vivir independientes. Para los escoceses del SNP el triunfo del Brexit, además, les permitiría replantear el NO de septiembre de 2014 y exigir un nuevo referéndum de independencia.

¿Significa esto que peligra la permanencia del Reino Unido en la UE? Para las casas de apuestas no y se trata éste de un negocio al que no se le puede negar experiencia y know how. Pero en el ámbito especìfico de las encuestas electorales, ya han aparecido encuestas que le otorgan la victoria al Brexit por cinco puntos. Y es que la campaña del Brexit se lee en los omnipresentes tabloides ingleses y se apoya fundamentalmente en el restablecimiento del control de fronteras. Control de fronteras no principalmente como garantía de seguridad ciudadana -que también-, sino de mejores salarios y más empleo, al descender la oferta de ciudadanos de otros países de la UE, singularmente de la Europa oriental.

Por tanto, este argumento del control de las fronteras sirve para activar extraordinariamente y transversalizar (interesa a trabajadores, jubilados, residentes de origen foráneo ya establecidos…) la campaña del Brexit. Por lo que los partidarios del remain necesitan la participación masiva de los jóvenes de menos de 35 años y de toda la capacidad de movilización, hasta ahora inédita, del Labour Party y de las Trade Unions.

La Unión Europea no será la misma sin el Reino Unido, aunque en Bruselas hay quien prepare el plan B para reformarla en un sentido federal si los británicos euroescépticos la abandonan. Sin duda, el gran capital financiero es partidario del remain y agitará la campaña los últimos días. Pero a menos de diez días, la sombra del Brexit pende sobre el Eurochannel.

Novo pulo ao procès

A investidura por maioría absoluta do Parlament do até de agora alcalde de Girona, Carles Puigdemont (Junts pel Sí e afiliado á CDC) demostra a flexibilidade da política catalá, que mesmo vén de recoñecer o dirixente de Podemos, Iñigo Errejón. E abre un escenario de estabilidade parlamentaria que constitúe un evidente pulo ao proceso soberanista catalán, malia que ao mellor este, como dixo o presidente da Assemblea Nacional Catalana (ANC), grande motor del, precise de máis músculo e de menos velocidade.
A CUP aprobara un veto incondicional a Artur Mas, malia que a metade da súa xente se manifestou a prol da súa investidura. Xa que logo, a decisión de Mas de botarse fóra (xenerosa e politicamente estratéxica) desarmou de vez aos antisistema. Executado o veto a Mas Junts pel Sí foi quen a lles impor non só o voto á persoa de Convergència (CDC) decidida polo propio Mas, senón un pacto de estabilidade parlamentaria que inclúe o prezo da demisión dalgúns dos deputados máis refractarios á investidura do até de agora President.
Esa decisión permítelle a Convergència evitar unas eleccións pouco favorábeis e enfrontar un proceso de refundación que esixen os pasados casos de corrupción e que desenvolverá baixo a dirección do propio Artur Mas. Semella que Democràcia i Llibertat, futura marca dos converxentes, adopta o esquema bicéfalo de distintas persoas nas xefaturas do partido e do goberno que tan ben lle resultou ao PNV. Sabido é que unha nova páxina na historia institucional catalá é imposíbel sen que a mediana burguesía e o centro político teñan sitio nela. E Artur Mas agora traballará para facelo.
Pola súa banda, Esquerra (ERC) fornecerá un 40% do Govern con Junqueras nunha probábel vicepresidencia ou mesmo como conseller en cap. Mentres que as forzas unionistas amosaron a súa sorpresa e contrariedade, Catalunya terá Goberno e folla de rota soberanista esta mesma semana, mentres que en Madrid semella que non hai pacto para a gobernanza nin o haberá nalgún tempo. Mesmo é moi dubidábel en termos constitucionais que Rajoy, como presidente do Goberno do Estado en funcións, reteña as competencias para instar do Senado a aplicación das medidas de intervención da autonomía de Catalunya, consonte co artigo 155 da Constitución.

Máis ca nunca a clave é territorial

Co escrutinio case rematado, tanto no noso País como no conxunto do Estado, ningunha coalición a dous, agás a moi improbábel do bipartidismo dinástico (que suman uns 215 sobre 350 deputados, máis de 80 menos ca en 2011) acada números próximos aos 176 escanos da maioría absoluta.
PP e C´s fican moi lonxe da maioría absoluta que lle daban a meirande parte das enquisas. Suman en conxunto 162 deputados con cadanseus 28,6% e 13,8% dos votos. Fica ben claro, pois, quen segue a sobrancear na dereita española.
Máis complexo é o outro bloque posíbel: Podemos (41 escanos), PSOE (91, cun Sánchez que safa por pouco, pero safa), a catalá En Comú Podem (12), os valencianistas de Compromís-Podem (9) e En Marea (6) acadan 160 escanos. O resto van a IU e ás formacións ERC (9), Democràcia i llibertat, alicerzada en Convèrgencia e outros partidos (8), PNV (6), EH Bildu (2) e Coalición Canaria (1). A diferenza neste bloque é que a suma de votos de Podemos máis as forzas nacionais nas que partilla case empata cos votos socialistas, manifestando unha clara distorsión na representación por escanos por mor da regra D´Hondt.
Porén, semella que a clave territorial seguirá a ser importantisima nesta lexislatura, pois que só dende o apoio ou abstención das forzas nacionalistas (quer as presentadas por si, quer as que concorreron en coalición con Podemos) é posíbel unha maioría de goberno. E esta será imposíbel cun goberno de centro-dereita, alicerzado en dúas forzas inmobilistas no territorial. Porén, Pablo Iglesias xa entendeu a clave territorial, facendo unha chiscadela ao recoñecemento da plurinacionalidade como pao de palleiro dunha reformulación do Estado.
Na Galicia o grande trunfo é para a coalición En Marea. Non só por acadar o 25% do voto e o segundo posto detrás dun PP que cun 37% perde quince pontos, senón por gañar as eleccións en Vigo e empatalas n’A Coruña. O seu empuxe na Galicia urbana foi irreprochábel. E, en último de contas, sumiu Nós Candidatura Galega na irrelevancia, forzando ao BNG a unha urxente refundación.
Os resultados na Galicia non poden ser transladábeis ás autonómicas do 2016, mais sinalan unha tendencia. O PP camiña cara á oposición, sempre que os mareantes saiban seguer a acumular forzas administrando con prudencia e xenerosidade o seu resultado.

Cartas catalanas (VII): El independentismo catalán ganó tanto en escaños como en votos, sin alcanzar el 50%

En las elecciones de este domingo en Cataluña, las dos candidaturas independentistas ganaron al obtener en conjunto 72 sobre 135 escaños y un 47,8% de votos, frente al 39,4% del unionismo, el casi 9% de CSQEP, donde coexistían independentistas como su candidato, partidario del derecho a decidir, y el 2,5% confederalista de Unió.
Las opciones independentistas ganaron, pues, ampliamente la mayoría absoluta en escaños en las elecciones catalanas con la mayor participación de la historia (más del 77%). Junts pel Sí (coalición transversal entre Convergència y Esquerra con la aportación de sectores ciudadanos no partidarios) obtuvo 62 escaños (9 menos que la suma de los dos partidos en el 2012) con casi el 40% de los votos, mientras que las CUP, con un 8,2% aumentaron de 3 a 10. El número de escaños y de votos entre las tres fuerzas independentistas queda sustancialmente igual: suben al 47,8% desde el 47,7% del 2012, bajan a 72 diputados desde 74, con el umbral de la mayoría absoluta en 68 de los 135 escaños), a pesar del extraordinario incremento de la participación y la defección de los democristianos de Unió, tercera vía que quedó a las puertas del Parlament con menos del 2,5% de los votos.
El unionismo del PP, PSC y C´s obtuvo un 39,4% de los votos, destacando el extraordinario éxito de la formación de Albert Rivera, que sube de 9 a 25 escaños, con un 18% de votos, consiguiendo la segunda posición. Miquel Iceta salvó los muebles perdiendo solo 4 escaños (tenía 20 y tendrá 16), con un discreto 12,7% de votos que sirve de consuelo a lo que fue ganador en Catalunya en las generales del 2004 y del 2008. Pero el PP fue el grande derrotado de la noche, con 11 escaños (tenía 19) y menos del 8,5% de los votos, con parejos resultados a los de las CUP y Catalunya sí que es Pot, que obtuvo los mismos 11 escaños que el PP.
La coalición de Podemos Cat, Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV) y la filial catalana de IU fue la segunda gran derrotada, al bajar dos escaños respecto a los 11 conseguidos por ICV e IU en el 2012. Consiguió poco menos de un 9% de los votos, lo que constituye un indudable fracaso para Pablo Iglesias, que debilita gravemente la posición de Podemos en el escenario preelectoral gallego y valenciano. Sin embargo, estos votos no deberían contar ni a favor ni en contra de la independencia. En dicha coalñición coexisten independentistas, federalistas y confederalistas y la coalición como tal defiende el derecho a decidir, aunque se defina en contra de una declaración unilateral de independencia.
De lo expuesto, es evidente que el independentismo gana también en votos (47,8%), frente al 39.4% del unionismo y el 11,4% (Unió y Catalunya sí que es Pot) que apuesta por el derecho a decidir y por una conformación plurinacional del Estado.
Naturalmente que la voluntad plebiscitaria sería más evidente si la suma de votos de Junts per el Sí y la CUP hubiera sobrepasado el 50%. Pero las cuentas hay que echarlas sin sumar manzanas con peras, como hoy coinciden en hacer todos los periódicos de Madrid y ayer hicieron todas las grandes cadenas estatales de radio y TV.

Catalunya: gañou o independentismo

As opcións independentistas gañaron amplamente a maioría absoluta en escanos nas eleccións catalás coa meirande participación da historia (máis do 77%). Junts pel Sí (coalición transversal entre Convergència e Esquerra coa achega de sectores cidadáns non partidarios) obtivo 62 escanos (9 menos ca a suma dos dous partidos no 2012) con case o 40% dos votos, mentres que as CUP, cun 8,1% subiron de 3 a 10. O número de escanos e de votos entre as tres forzas independentistas fica substancialmente Igual (soben ao 47,8% dende o 47,7% do 2012, 72 deputados fronte a 74, co limiar da maioría absoluta en 68 dos 135 escanos), malia o extraordinario incremento da participación e a defección dos democristiáns de Unió, terceira vía que ficou ás portas do Parlament con menos do 2,5% dos votos.
O unionismo do PP, PSC e C´s obtivo un 39,4% dos votos, salientando o extraordinario suceso da formación de Albert Rivera, que sobe de 9 a 25 escanos, cun 18% de voto, acadando a segunda posición. Miquel Iceta safou perdendo só 4 escanos (tiña 20 e terá 16), cun discreto 13% de votos que serve de consolo ao que foi gañador en Catalunya nas xerais do 2004 e do 2008. Mais o PP foi o grande derrotado da noite, con 11 escanos (tiña 19) e menos do 8,5% dos votos, partillando resultados relativos coas CUP e con Catalunya sí que es Pot, que obtivo os mesmos 11 escanos ca o PP.
A outra suposta terceira vía, a coalición de Podemos Cat, Iniciativa per Catalunya – Els Verds (ICV) e a filial catalá de IU foi a segunda grande derrotada, ao baixar dous escanos a respecto dos 11 acadados por ICV e EU no 2012. Acada pouco menos dun 9%, o que constitúe un indubidábel fracaso para Pablo Iglesias, que mesmo enfeblece a posición de Podemos no escenario preelectoral galego. Porén, estes votos non haberían contar nin a prol nin en contra da independencia, ao se definir a coalición a prol do dereito a decidir, mais en contra dunha declaración unilateral de independencia.
Velaí que o independentismo gañe tamén en votos (47,8%), fronte ao 39.4% do unionismo e o 11,4% (Unió e Catalunya sí que es Pot) que aposta polo dereito a decidir e por unha conformación plurinacional do Estado.
As cousas han mudar e moito. En Catalunya e no resto do Estado.