A cuestión catalá e Galicia

Os partidos soberanistas obtiveron a maioría absoluta nas eleccións catalás, cun 47,5 % de votos e 70 escanos sobre 135. O resultado é aínda máis rechamante se temos en conta que a convocatoria electoral dende o Goberno do Estado era ilexítima, por mor dunha inconstitucional aplicación do 155 e que os partidos non desfrutaron das mesmas posibilidades, cos principais candidatos de Junts x Catalunya e ERC no cárcere ou no exilio.
Mais o feito de obter Cs o primeiro posto en votos (máis do 25%) e escanos, a falta dunha maioría absoluta de votos independentista e a grave derrota da CUP (que baixa de 10 escanos a só 4) achega certas particularidades a esta vitoria electoral. Junts x Catalunya e ERC non van precisar deles para gobernar e interpretarán o seu 43% de votos (fronte ao 39,5% de Junts x Sí do 2015) no sentido dun mandato cidadán para continuar co procès, malia que afastándose dunha vía unilateral que semella arquivada polo de agora.
Agora é, pois, a hora da política. O tripartito dinástico do 155 non continuará unido como até de agora. O PSC -e canda el o PSOE- han pasar páxina da suicida colaboración co PP e con Cs e buscar un espazo propio, quizais partillado parcialmente cuns Comuns desterrados á irrelevancia. E será Pedro Sánchez quen primeiro requirirá de Rajoy unha oferta de negociación. Por outra banda, a situación evoluirá no ámbito da Unión Europea, onde as simpatías do soberanismo catalán cotizarán á discreta alza, sendo probábeis as presións ao Goberno do Estado para que abandone o inmobilismo e abra unha negociación para unha reforma constitucional en termos de federalismo asimétrico, para garantir o encaixe da singularidade catalá.
Podería ocorrer, xa que logo, que este inverno se abrise a vía para negociar unha reforma constitucional que podería limitarse a recoñecer máis competencias (e blindalas de eventuais iniciativas recentralizadoras) e un mellor financiamento ou incluír tamén a vía para un referéndum catalán vencellante, con regras máis ou menos ríxidas, na liña da lei da claridade canadiana.
Galicia non habería ficar á marxe desta reforma constitucional. Porque a ampliación e blindaxe do autogoberno é a única vía factíbel para o noso benestar, tendo en conta que os nosos intereses económicos non adoitan coincidir cos intereses economicos xerais.

Catalunya triomfant? Os fitos do procés

Este é o artigo publicado no número 47 da revista Luzes. Pode descargarse aquí: Catalunya triomfant? Os fitos do procés. Xoán Antón Pérez Lema Luzes. Setembro de 2017, ou ler a continuación:

El juicio político a Mas alimenta la voluntad de millones de catalanes de decidir su futuro

Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Catalunya, y dos de sus antiguas conselleras, se enfrentan a un juicio político desde un respaldo popular que este lunes ha sido protagonista internacional. El llamado procés gana densidad cuando se abre el tiempo crucial para su definición: el de la aprobación de la legislación transitoria que permita convocar un referéndum desde una legalidad catalana que se oponga a la legislación española. Sí, el previsto choque de trenes.
Este lunes se abrió ante el Tribunal Superior de Justicia catalán el juicio contra el antiguo President Artur Mas (2010-16), su antigua Vicepresidenta Joana Ortega y su antigua consellera (ministra) de Educación, Irene Rigau. Se les acusa de delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional español y de prevaricación (es decir, adoptar una resolución ejecutiva groseramente contraria a la Ley siendo plenamente consciente de dicha ilegalidad) por los que se piden diez años de inhabilitación absoluta para cargos políticos a Artur Mas y nueve a cada una de sus antiguas colaboradoras.
Los independentistas llegaron al Tribunal respaldados por más de 40.000 manifestantes en lunes laborable, en el transcurso de un acto cuidadosamente planificado para causar positiva impresión en el resto del mundo. Objetivo que parece que ha sido cumplido, ya que muchos medios internacionales destacan en sus primeros análisis y, sobre todo, en sus testimonios gráficos la reactivación del llamado procés soberanista. Como dice a Mundiario un diputado independentista catalán en el Congreso de Madrid, “ninguna gasolina mejor para el procès que un juicio político.”

Una consulta no vinculante
Los hechos se remontan al domingo 9 de noviembre de 2014, cuando se celebró en Catalunya una consulta popular. La Constitución española reserva el derecho para celebrar plebiscitos vinculantes al Gobierno central, pero el Parlament catalán tiene competencias para convocar consultas no vinculantes, al amparo del Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el acto ejecutivo de la Generalitat convocando una doble consulta no vinculante a la ciudadanía catalana (si querían que Catalunya fuese un Estado y, caso afirmativo, si querían que fuese un Estado independiente) fue suspendido por el Tribunal Constitucional el miércoles 4 de noviembre, cinco días antes de la consulta.
Artur Mas y los demás portavoces de aquel Gobierno catalán recuerdan que desde esa suspensión las Instituciones quedaron al margen y que las urnas de aquel domingo fueron gestionadas por ciudadanos voluntarios. Votaron sí a las dos preguntas más del 80% de los casi 2.350.000 ciudadanos participantes, sobre un censo electoral de 5,4 millones (43,5%, participación estimable para una consulta no vinculante que, además, había perdido su carácter oficial).

Responsabilidad penal harto dudosa
Aunque los medios madrileños coinciden en señalar que las conductas enjuiciadas resultan probadas y acreedoras de sentencia condenatoria, para un observador jurídico imparcial existen muy serias dudas jurídicas respecto de las conductas que se van a enjuiciar esta semana. La consulta catalana se celebró el domingo 9 de noviembre de 2014. Pero el 17 de noviembre la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya, por unanimidad de sus nueve miembros, acordaban no ejercitar acción penal alguna contra Mas y sus consellers. Por una parte, consideraban que ni Mas ni ninguno de sus consellers podrían haber cometido prevaricación, ya que la consulta no se había convocado mediante una resolución ejecutiva. Por otra parte, en cuanto a la desobediencia, entendían los fiscales catalanes que no se había dado al no habérsele notificado a órgano alguno de la Generalitat ningún requerimiento formal y expreso del Tribunal Constitucional imponiendo una conducta concreta en relación con la consulta del 9-N, apercibiendo de las consecuencias de su incumplimiento.
Ante esta firme actitud de la Fiscalía catalana fue el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ordenó interponer desde Madrid la correspondiente querella criminal contra Artur Mas y sus colaboradores, a pesar de que había manifestado en principio que asumiría la opinión jurídica, en cuanto a dicha acción penal, acordada desde la Fiscalía Superior de Catalunya.
La estrategia de defensa de Artur Mas y de sus antiguas conselleras acentúa la idea de que la consulta no era oficial, ya que a su primigenio carácter consultivo y no vinculante se unió, desde la decisión del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre, su carácter no oficial y su efectiva realización mediante voluntarios y no mediante recursos públicos. El relato de la inocuidad de la consulta fue promocionado por el propio Presidente del Gobierno central español, Mariano Rajoy, el cual manifestó el 12-N que la consulta “era un acto de propaganda”, al tiempo que se felicitaba porque “no había habido referéndum”. Sin duda un buen clavo para remachar esta línea de defensa de Artur Mas y sus conselleras. Por eso las defensas de los enjuiciados han pedido su testimonio, que ha sido rechazado por el Tribunal en una decisión probablemente inconstitucional que acentúa las dudas de muchos catalanes sobre la imparcialidad del Tribunal.

Gasolina para el procès
En cualquier caso, para millones de catalanes y para millones de observadores internacionales, los independentistas están siendo juzgados por intentar lo que quieren casi el 80% de los ciudadanos catalanes: poder decidir sobre su futuro. Ello quiere decir que este juicio constituye un significativo refuerzo para la moral del denominado procés, en parte dañada por la excesiva duración de dicho proceso.
Coincide el juicio con el pacto presupuestario entre las dos fuerzas electorales independentistas: la gubernamental Junts pel Sí (coalición formada por los centristas de la antigua Convergência -hoy PdeCat-, Esquerra Republicana de Catalunya -ERC- e independientes) y los antisistema de la Candidatura de Unitat Popular (CUP). Un pacto que garantiza la estabilidad del Govern y es antesala ante la aprobación en primavera de la llamada “Ley de transitoriedad jurídica”, aquella que permitirá convocar para el próximo septiembre referéndum vinculante y confrontar contra la legalidad española desde una legalidad catalana de transición.
La manifestación popular de hoy y el pacto presupuestario demuestran que la agenda hacia la legislación de transición y el referéndum tiene bases sólidas, con independencia de cual pueda ser la reacción del Gobierno central español.

Madrid irá al choque de trenes
Pero si el bloque independentista se rearma de razones éticas, jurídicas y políticas, el rechazo inmovilista del Gobierno central conservador (y de la actual dirección provisional socialista) a toda negociación real y a toda consulta ciudadana augura un choque de trenes. Madrid ha cancelado incluso su non nata predisposición mediática al diálogo con la Generalitat, manifestada urbi et orbe por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y nunca trasladada al terreno de las propuestas concretas negro sobre blanco.
En el ámbito internacional los resultados obtenidos hasta ahora por el independentismo institucional catalán han sido modestos. Los Gobiernos de la UE no quieren oir de secesiones con el Brexit o Le Pen sobre la mesa. Pero la reciente conferencia del president Puigdemont ha demostrado el apoyo no sólo de los ecologistas y nacionalistas de la European Free Alliance, sino la comprensión de muchos diputados socialdemócratas, conservadores y liberal-demócratas, singularmente en las repúblicas bálticas y escandinavas, Flandes y otros pequeños países europeos.
Quiere esto decir que, en el contexto europeo, España no podrá tratar el llamado procés como una cuestión de orden público o de pura legalidad. La seducción de la democracia es de largo recorrido y el denominado procés catalán, con sus incoherencias y contradicciones, responde al principio democrático. Contra el argumento de querer decidir tu propio futuro hay muy pocas consideraciones políticas, éticas o jurídicas que Madrid pueda oponer en un horizonte sostenido de contraposición de ideas.

El bloqueo institucional y el probable nuevo referéndum en Escocia dan alas a los independentistas

Los indepes catalanes consideran que el eventual nuevo referéndum escocés y la situación de interinidad española abre nuevas posibilidades para hacer avanzar el procès. Por primera vez el Parlament asume específicamente el riesgo jurídico de desacatar conscientemente los mandatos del Tribunal Constitucional.
La aprobación por el Parlament catalán -con la mayoría absoluta de los grupos indepes CUP y Junts pel Sí- de las conclusiones de la Comisión parlamentaria sobre el proceso constituyente no es ninguna novedad en sí misma. Si bien se contempla la posibilidad de la proclamación de la independencia por la vía unilateral, no es la primera vez que se plantea esta solución, teniendo en cuenta el absoluto inmovilismo del Gobierno del Estado a lo largo de estos cuatro años. La diferencia es que es la primera vez que el Parlament catalán aprueba una resolución a sabiendas que vulnera el mandato del Tribunal Constitucional. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, recordó a los portavoces de ambos grupos indepes si eran conscientes de las eventuales consecuencias legales de su petición de votación de esas conclusiones. Y dichos portavoces las asumieron, como también los 72 diputados que las votaron.
Estamos pues, ante un salto cualitativo: el Parlament se considera soberano y aplica su resolución del 9 de noviembre de 2015, desconociendo toda autoridad del Tribunal Constitucional (que la anuló en su día), a sabiendas de que la represión del Gobierno del Estado será una realidad, como ya anunció la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. La mayoría absoluta indepe asume las consecuencias de sus actos y rompe de modo pacífico con la legalidad española.
Al tiempo, se conoce una encuesta que, por primera vez desde primeros de 2015, otorga a los partidarios de la independencia la mayoría (47 vs 43%). El president Puigdemont, usualmente muy moderado en sus expresiones, dijo estos días en la Escola de Estiu de las juventudes de su partido, el PDC (la Joventut Nacionalista de Catalunya) que ni el Govern ni el Parlament esperaban ya por ningún gesto o paso desde Madrid. Se da por sentado que Madrid no moverá ficha, salvo para reprimir judicialmente el independentismo.

Viento en las velas: el Brexit y la incapacidad de formar Gobierno
Por otra parte, la decisión de la ciudadanía británica de romper con la Unión Europea ayuda a los planes independentistas, al poner otra vez bajo el foco el derecho a decidir de Escocia. La first minister escocesa, Nicola Stugeon, ha reiterado que la decisión del pueblo escocés ha sido inequívoca al apoyar con un 62% la permanencia en la Unión Europea, expresando la alta probabilidad de que se convoque un nuevo referéndum de independencia para evitar la salida de Escocia de la UE. Un referéndum que podría no ser autorizado por el Gobierno británico de Whitehall, si bien sectores próximos a la directiva del SNP, el partido nacional que gobierna en Escocia, no descartan que en su día se pudiera convocar este referéndum aún sin el plácet de Londres.
Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras (ERC) valroran muy positivamente esta ventana de oportunidad abierta en Escocia. Mientras, confían en que la CUP apoye la moción de confianza a la que se someterá el president en septiembre y son plenamente conscientes que la interinidad en la investidura del futuro presidente del Gobierno del Estado contribuye a impulsar el procès, que parece ganar apoyos en el electorado de En Comù Podem.

Un referéndum de independencia
Otros políticos y comunicadores próximos al independentismo consideran que el procès puede sufrir de más con esta sucesión de gestos, teniendo en cuenta que el Estado, aunque debilitado, conserva una gran potencia de medios y mantiene una inestable complicidad de las instituciones europeas. Estos sectores consideran que el Parlament debería convocar a primeros de 2017 un referéndum , aún a sabiendas de su ulterior prohibición por los Tribunales españoles.
Una decisión clara a favor de la independencia en un eventual referéndum, aunque no se valide por Madrid, sería una tarjeta de visita muy poco cuestionable no sólo respecto de varios Estados de la Unión Europea (diversas instituciones danesas o de las repúblicas bálticas ya han mostrado su comprensión con el procès catalán), sino ante los propios EE UU.

La reacción de Madrid: represión y falta de diálogo
Mientras, en Madrid las reacciones unánimes entre los partidos unionistas y los medios de comunicación piden mano dura, sin darse cuenta que la represión desconectará más aún Catalunya del Estado español. Algunos de los editoriales parecen olvidar que el Parlament fue elegido democráticamente y que el procès ha intentado por todos los medios desarrollarse dentro de la Ley hasta que ha sido imposible, si bien aún en esta circunstancia se ha mantenido dentro de cauces pacíficos y democráticos. Los indepes cuentan con un sólido apoyo en la mitad de la población catalana. En este sentido, una eventual condena a Homs, Mas ou Forcadell incrementaría aún más la fuerza del independentismo.

A irresponsabilidade da CUP

Josep Tarradellas dicía que na política podía facerse de todo, menos o ridículo. No actual contexto catalán, pódese ser prounionista, proindependentista ou mediopensionista. O que non se pode é confundir a política co exercicio maximalista do programa último. Co exercicio do “lo quiero todo y lo quiero ya”.
A CUP obtivo un bo resultado (8,21% e 10/135 deputados) nas eleccións catalás de setembro do 2015, rendibilizando deste xeito a súa honestidade e as dúbidas ambivalentes de Catalunya Sí que es Pot. Rexeitou investir a Mas (logo dunha votación asemblearia que rematou en empate) e, en troques, acordou con Junts pel Sí un pacto de estabilidade para a lexislatura, que permitiu a investidura do president Puigdemont.
No debate orzamentario deste día, a CUP uniu os seus votos aos de C´s, PP e outros para vetar o Orzamento do 2016. Un Orzamento debullado dende os alicerces pactados en xaneiro polas dúas coalicións e que implementaría un cobizoso programa social de 870M€ contra da pobreza. Cal foi a reacción dos dirixentes da CUP? Varios confesaban que se lles fora a man e que nunca pensarían que fose tan grave vetar o Orzamento, mentres o deputado Antonio Baños, cabezaleiro pola circunscrición barcelonesa, se avergoñaba de coincidir votando co dereitista radical Xavier García Albiol.
O que subxace a este episodio desgrazado é a confusión entre ideoloxía, estratexia e tácticas que abrangue agora unha curta maioría das CUP, mais que triunfou en determinados intres históricos en formacións variadas da esquerda europea, mesmo na Galicia. Transformar un País, construír alternativas de goberno á dereita conservadora, require de amplas converxencias, mais tamén de diagnoses realistas e programas realizábeis. O outro só xera frustración, retracción abstencionista e oportunidades para que nada mude e manden os de sempre.

A arrincadeira: O galego na xustiza é útil e práctico
Xuntouse en Monforte a asemblea anual da Irmandade Xurídica Galega, que integra centos de fiscais, xuíces, avogados e funcionarios que adoitamos usar o galego na vida xudicial cotiá. O proceso de normalización da lingua na Xustiza non avanza de modo polo centralismo na organización do Poder Xudicial. Usar o galego na Administración de Xustiza é útil, práctico e normal.

Novo pulo ao procès

A investidura por maioría absoluta do Parlament do até de agora alcalde de Girona, Carles Puigdemont (Junts pel Sí e afiliado á CDC) demostra a flexibilidade da política catalá, que mesmo vén de recoñecer o dirixente de Podemos, Iñigo Errejón. E abre un escenario de estabilidade parlamentaria que constitúe un evidente pulo ao proceso soberanista catalán, malia que ao mellor este, como dixo o presidente da Assemblea Nacional Catalana (ANC), grande motor del, precise de máis músculo e de menos velocidade.
A CUP aprobara un veto incondicional a Artur Mas, malia que a metade da súa xente se manifestou a prol da súa investidura. Xa que logo, a decisión de Mas de botarse fóra (xenerosa e politicamente estratéxica) desarmou de vez aos antisistema. Executado o veto a Mas Junts pel Sí foi quen a lles impor non só o voto á persoa de Convergència (CDC) decidida polo propio Mas, senón un pacto de estabilidade parlamentaria que inclúe o prezo da demisión dalgúns dos deputados máis refractarios á investidura do até de agora President.
Esa decisión permítelle a Convergència evitar unas eleccións pouco favorábeis e enfrontar un proceso de refundación que esixen os pasados casos de corrupción e que desenvolverá baixo a dirección do propio Artur Mas. Semella que Democràcia i Llibertat, futura marca dos converxentes, adopta o esquema bicéfalo de distintas persoas nas xefaturas do partido e do goberno que tan ben lle resultou ao PNV. Sabido é que unha nova páxina na historia institucional catalá é imposíbel sen que a mediana burguesía e o centro político teñan sitio nela. E Artur Mas agora traballará para facelo.
Pola súa banda, Esquerra (ERC) fornecerá un 40% do Govern con Junqueras nunha probábel vicepresidencia ou mesmo como conseller en cap. Mentres que as forzas unionistas amosaron a súa sorpresa e contrariedade, Catalunya terá Goberno e folla de rota soberanista esta mesma semana, mentres que en Madrid semella que non hai pacto para a gobernanza nin o haberá nalgún tempo. Mesmo é moi dubidábel en termos constitucionais que Rajoy, como presidente do Goberno do Estado en funcións, reteña as competencias para instar do Senado a aplicación das medidas de intervención da autonomía de Catalunya, consonte co artigo 155 da Constitución.

A síndrome da CUP

A CUP catalá vén de rexeitar a investidura de Mas, malia que a metade dos votos da súa asemblea de Sabadell do domingo pasado foran a prol desta decisión. A abstención dos cupaires impediría que os 62 deputados de Junts pel Sí invistan ao até de agora president. Haberá novas eleccións en Catalunya o 5 de marzo.
As democracias avanzadas baséanse nas liberdades, na xustiza social, en tecer consensos, na transparencia, na participación cidadá, na inclusión e na cohesión social. Na democracia avanzada “o pobo é quen máis ordena” e a boa gobernanza tenta construirse coa cidadanía, dende a cidadanía e para a cidadanía.
Mais en último de contas, sexa dende posicións indepes, for dende o autonomismo, federalismo ou confederalismo, a política trata de regras de xogo e de Institucións, trata da gobernanza. Un pode estar máis ou menos dacordo -ou en desacordo- co procés, mais do que trata é de construír unha República, nonsí? E velaí o grave erro da CUP, que xa diagnosticou no pasado debate da investidura Pilar Rahola, porque parte substancial desa organización anticapitalista non quere construír novas Institucións de goberno, instalados nun certo aquel de anarquismo que afunde as súas raíces na poderosa CNT-FAI da II República. Mesmo hai nesa organización quen olla con superioridade a vontade de construír pactos e de cumprir unhas regras de xogo. O anticapitalismo foi quen de vencer a construción nacional. Pero xa verán como non van facer mañá a revolución.
As eleccións de marzo serán letais, en primeiro lugar, para a CUP. Esquerra (ERC) vaille papar, soa ou na coalición Junts pel Sí boa parte do seu electorado, consciente da ledicia coa que esta votación da CUP foi recebida nos partidos unionistas. E outra boa parte migrará cara a coalición de ICV, EUiA, Podem e o partido de Ada Colau (Barcelona en comú). Antonio Baños, número un cupaire nas eleccións do 27-S, xa anunciou a súa demisión. Outros, como Julià de Jòdar, poderían ser os seguintes.
E o procés leva un duro golpe. A declaración unilateral de independencia fica máis lonxe ca onte e semella que a bandeira da consulta catalá podería ser a nova referencia das forzas de Junts pel Sí, das que non sabemos se concorrerán xuntas ou por separado, como de certo non o saben arestora nin Mas nin Junqueras.

Todo apunta a que Artur Mas será investido presidente

Aunque la asamblea no vinculante de Manresa celebrada el 29 de noviembre evidenció que el apoyo a la investidura de Mas no es mayoritario en la CUP, todo apunta a que la asamblea decisoria que los cupaires celebrarán el 27-D podría posibilitar que Mas forme gobierno a principios de enero, evitando así las elecciones. La coincidencia temporal de este gobierno con el Gobierno de coalición PP-C’s que aparentemente saldrá de las elecciones del 20-D promete que no serán fáciles las soluciones de diálogo y consenso y sí serán muy posibles escenarios de tensión, confrontación e incluso choque de trenes una vez se constituyan los nuevos Gobiernos estatal y catalán.
En 1893 se reunió el catalanismo militante en la ciudad de Manresa, el centro geográfico de Catalunya. Esta reunión encumbró al joven Prat de la Riba al liderazgo de una nueva política: la de la recuperación de la catalanidad polítiica, manifestada con la aprobación del ideario catalanista expresado en “Las Bases de Manresa”. Antes, el patriota gallego Alfredo Brañas había escrito El Regionalismo Gallego, cuyas ideas constituyeron una importante aportación al debate manresano. Al año siguiente (1894) otro patriota, Sabino Arana, residente en Barcelona años atrás, fundaría el EAJ-PNV. Prat de la Riba, Arana y Brañas compartían un principio práctico: nadie mejor que nosotros para gobernar nuestros países; empobrecidos por la monarquía castellana, la absurda centralización funcionarial y el incipiente capitalismo de amiguetes de fines del siglo XIX.
La llamada Candidatura de Unidad Popular (10 diputados y casi el 9% en las elecciones nacionales de Catalunya del pasado 27-S) celebró el pasado día 29 una asamblea deliberante, no decisoria, en la misma ciudad del Bages. Su resultado visualizó que a la mayoría de la militancia del partido del independentismo socialmente irredento no le preocupa la construcción política, aunque exista una significativa minoría que apoya la investidura de Artur Mas. Pilar Rahola lo ha contado muy acertadamente: existe una minoría del independentismo que no entiende que de lo que se trata es de construir Estado, construir instituciones, construir convivencia.
Construir un Estado nuevo es complicadísimo. Las luchas armadas entre el Irish Free State y el Irish Republican Army (1922-1924) deberían ser un ejemplo permanente para todos los ciudadanos europeos que nos reconocemos pertenecientes a una nación distinta de la ciudadanía estampada en nuestro pasaporte. La mayoría de la CUP incurre en el infantilismo del: “Lo quiero todo y lo quiero ya”.
Se olvidan sin duda que, siendo apreciable la aportación de la CUP al procès, es ciertamente minoritaria. La conjunción de los partidos CDC y ERC -y sus aliados- y de las organizaciones patrióticas Òmnium y Assemblea Nacional Catalana (ANC) suponen más del 80% de la ciudadanía catalana comprometida con la independencia.
Pero la presión social y mediática ha comenzado a surtir su efecto. El antiguo portavoz parlamentario de la CUP, David Fernández, escribía hace pocos días en el periódico Ara Cat defendiendo la investidura del president por parte de dos de los diez diputados cupaires. Y David Fernández es, sin duda, una persona influyente en la CUP. De los más influyentes.
Ello no obstante, la CUP tiene una dependencia de sus bases muy superior a las otras fuerzas políticas, más atentas quizás a su electorado. La CUP ha convocado una Asamblea decisoria para el 27 de este mes, una semana después de las elecciones. Allí se decidirá el apoyo a la investidura de Mas. El rechazo a la investidura determinará que el 9 de enero se convoquen automáticamente nuevas elecciones para marzo de 2016. Pero ello no ocurrirá, previsiblemente. La CUP ha manifestado por activa y por pasiva que no quiere nuevas elecciones y Junts pel Sí también ha dejado claro que no será posible otro candidato a la presidencia que no sea Artur Mas.
Es muy probable que el Gobierno del estado que salga de las elecciones del 20-D, a tenor de las últimas encuestas, sea un gobierno PP-C´s, el cual se cerraría en banda tanto a un referéndum no vinculante en Catalunya como a una reforma constitucional que reconozca el derecho a decidir. Incluso cabe pensar que, de existir esta reforma, no será precisamente para incrementar el autogobierno de las nacionalidades.
Este Gobierno confrontará, desde luego, con el nuevo Gobierno Mas, que comenzará su ejecutoria a primeros de 2016. Un Gobierno inmovilista en Madrid alimentará sin duda el procès y acercará al independentismo a miles de catalanes votantes de las opciones de tercera vía el 27-S, como Unió y Catalunya sí que es pot (más de un 12% de votos), mientras la vinculación del nuevo Gobierno catalán a la resolución parlamentaria del 9-N (ya anulada por el Constitucional) generará escenarios de gran tensión política.
En estas circunstancias, la hoja de ruta de 2016 de Junts pel Sí y del Gobierno que eventualmente forme Mas en enero priorizará la búsqueda de soluciones negociadas en el ámbito de la Unión Europea. Y es que, aunque las manifestaciones de los políticos europeos hayan sido en muchos casos poco estimulantes para el independentismo, en diversos grupos del Parlamento europeo y en diversos departamentos de la Comisión Europea preocupan -y mucho- las consecuencias del choque de trenes que se acerca.

En los próximos días podría darse un choque entre la legalidad y la legitimidad en Catalunya

Los próximos días verán la aprobación por la Cámara catalana de una resolución iniciando el proceso de la independencia y declarando su desconocimiento de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. El mismo Tribunal Constitucional que en pocas horas suspenderá dicha declaración al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpondrá el Gobierno del Estado. Se avecina un choque entre la legalidad española y la legitimidad de origen del nuevo Parlament.
El próximo lunes el Parlament catalán debatirá una propuesta de resolución presentada por Junts pel Sí y la CUP por la que que se acuerda el inicio del proceso de conversión de Catalunya en una República independiente, al tiempo que se manifiesta que desde su aprobación se desconocerán los mandatos del Tribunal Constitucional, al considerar que ya no tiene competencia en Catalunya por, entre otras, su sentencia de junio de 2010 que anuló parcialmente el nuevo Estatut de 2006, estimando parcialmente el recurso del PP. A esta aprobación (los proponentes gozan de una cómoda mayoría absoluta, 72 diputados sobre 135) seguirá de inmediato la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno del Estado que supondrá, de modo automático, la suspensión de los efectos de la declaración, en virtud del art. 161 de la vigente Constitución.
A partir de ese momento (que podría ser el propio 10 o como mucho el 11 del corriente mes de noviembre) los efectos jurídicos de la resolución estarían suspendidos, si bien el carácter de la misma es eminentemente político. Pero lo que sí ocurriría, presumiblemente, es el desconocimiento por parte de las Instituciones catalanas de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Un árbitro secularmente casero que, desde hace pocos días, se ha visto reforzado unilateralmente por la mayoría absoluta del PP con la competencia para imponer multas coercitivas y suspender en sus funciones a las Autoridades y funcionarios que desconocieran o incumplieran el tenor de sus sentencias y autos.
Puede darse, por tanto, un abierto choque entre la legalidad vigente y la legitimidad de origen que las urnas del 27-S confirieron al actual Parlament. Una auténtica crisis política en puertas que, presumiblemente, será agravada por la cerrazón intolerante de Mariano Rajoy y Albert Rivera, que intentarán aumentar su votación popular del 20-D mediante el recurso a una supuesta firmeza y “mano dura”.
Este eventual agravamiento podría acabar requiriendo de la mediación, más o menos informal, de determinadas personalidades o instituciones del ámbito de la Unión Europea a fin de que las Cámaras que se constituyan el 13 de enero de 2016 puedan buscar una solución negociada a una declaración unilateral de independencia por la vía funcional, de los hechos consumados. Círculos de la Comisión Europea y varios eurodiputados reconocen abiertamente esta posibilidad.
De lo que sí están seguros en el grupo parlamentario de Junts pel Sí es de que cuanto más contundente sea la reacción de Madrid mayor apoyo popular alcanzará en Catalunya el independentismo y mayor coordinación conseguirán en el corto plazo con la CUP (otra cosa será con el Año Nuevo). Una mayor cooordinación que incluso podría acabar solucionando la investidura del president Mas antes de que el próximo 9 de enero acabe el plazo legal para su investidura, evitando así unas nuevas elecciones que nadie quiere.

Un erro histórico

As eleccións catalás evidenciaron que a chave das vindeiras xerais ha ser a territorial. Junts pel Sí presentarase e acadará un mínimo de 20 deputados. O PNV, EH-Bildu e Compromís acadarán cadanseu grupo parlamentario. Geroa Bai manterá a súa representación, canda a Presidencia do Goberno foral navarro. Os nacionalistas canarios e das Illes desfrutarán dunha sólida representación.
Por outra banda, esfarélase como escenario unha alternativa estatal baseada unicamente en Podemos e adherentes. E as experiencias dos gobernos do PNV en Euskadi e dos nacionalistas do SNP na Escocia amosan con claridade que o autogoberno constrúe benestar e posibilita axendas sociais e económicas alternativas ás neoconservadoras que imperan en Berlín ou Madrid. Se Galicia como suxeito político diferente non estivese presente na vindeira lexislatura non disporemos de armas reais contra da enxurrada recentralizadora e privatizadora que o PP e C´s abeiran.
Non existen incompatibilidades reais entre as bases cidadás e sociais das distintas opcións políticas que poderían concorrer nunha hipotética e cada vez máis problemática candidatura galega unitaria. Mais xusto é dicir que, dende a banda do nacionalismo, o BNG semella ir sendo quen a superar os receos que amosaba de primeiras a respecto da integración de sectores alleos ao galeguismo. Pero Podemos non deu aínda paso ningún que demostre a súa compatibilidade real, facendo parte da mesma candidatura, co galeguismo.
As distintas Mareas e candidaturas locais de unidade, os alcaldes e alcaldesas das distintas opcións galeguistas e a ilusión cidadá xerada pola mera constatación da posibilidade dunha unión electoral en positivo demostran que existen vimbios abondo para construír. Falta, apenas, a visión estratéxica en determinados actores para dar o paso irreversíbel.
Dúas candidaturas serían un grave erro histórico. Un erro que deixaría Galicia fóra da reforma política que se vai abrir, si ou si, dende primeiros do 2016. Que condicionaría en negativo as nosas posibilidades futuras de máis benestar e de progreso económico. E o peor de todo é que non se albisca ningún efecto positivo dun erro desta caste. Mesmo nin para o proxecto estatal de Podemos.